La instalación de nuevas bases gringas en Colombia crea un peligroso desequilibrio de fuerzas entre las naciones de América Latina y aumenta los riesgos contra la ya debilitada paz de la región. Nótese que el Plan Colombia es un convenio firmado con Estados Unidos que hoy supera los 4,6 millardos de dólares de inversión gringa mediante la dotación de poderosas naves, artefactos de guerra, soldados profesionales, especialistas en asuntos militares, seguridad e inteligencia en apoyo a los más de 240.000 efectivos que integran la fuerza militar. Tan solo hasta el año pasado, según datos del Ministerio de Defensa colombiano, su presupuesto para 2007-2010 alcanzaba la exorbitante cifra de 57,9 millardos de dólares; lo que hace de Colombia el tercer país con mayor apoyo militar estadounidense en el mundo (detrás de Israel y Egipto); lo cual revela los grandes intereses de la potencia extranjera sobre la mayor reserva mundial de petróleo, gas y agua: el área amazónica.

Observando la agresiva política exterior colombiana, urge recordar el denominado escándalo de las computadoras, cuando la INTERPOL detectó supuestas informaciones electrónicas que demostraban nexos entre las FARC y los gobiernos de Chávez y Correa. Lo cierto de aquel episodio fue que Uribe violó la integridad territorial del Ecuador al ordenar un bombardeo y una incursión terrestre que causaron la muerte de visitantes extranjeros en la zona, además de los presuntos guerrilleros. En este prontuario criminal, imposible es olvidar el secuestro de Rodrigo Granda, cometido por funcionarios colombianos que operaron clandestinamente en Caracas. En efecto, las experiencias recientes ratifican que el gobierno colombiano se ha autoproclamado con derecho a invadir otras naciones en nombre de su lucha contra la guerrilla; lo cual es una réplica de la Doctrina Bush, desarrollada con posterioridad al 11 de Septiembre de 2001 para colonizar a Irak y Afganistán y principalmente robar petróleo.

Claramente Washington usa a Colombia como instrumento de control político sobre Latinoamérica y por ello dirige una acelerada campaña para convertirla en la potencia bélica capaz de servirle en una invasión. Al plan infame están sumadas las agencias informativas afectas a la Casa Blanca, que ejercen la difamación mediática contra los Estados no obedientes al interés yanqui y los vinculan con el negocio de drogas, la guerrilla, la venta ilegal de armas y el enriquecimiento de uranio; a los fines de crear un clima donde esté políticamente justificada la “defensa preventiva”.

Mientras el primer consumidor de drogas en el planeta (EEUU) sigue armando hasta los dientes al más grande proveedor (Colombia), una interminable guerra civil que ya tiene medio siglo continúa ensangrentando a nuestra querida república hermana como consecuencia de la exclusión social, la violación de los derechos humanos, la explotación y los miles de asesinatos que sufre ese pueblo (buena parte de él, huye a Venezuela), víctima de una oligarquía que desde siempre ha estado arrodillada a los del norte. En esta difícil hora, venezolanos y colombianos debemos unirnos en respaldo a la acertada política exterior del Estado venezolano que promueve una amplia alianza internacional por la paz ante esta grave amenaza guerrerista.